Revés para el Gobierno. El Senado rechazó por abrumadora mayoría los pliegos de Lijo y García-Mansilla
Es la primera vez, desde 1983, que la Cámara alta vota en contra de candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo; la oposición al juez federal superó los 40 votos, mientras que el catedrático fue vetado por más de medio centenar de legisladores
El Senado rechazó por abrumadora mayoría los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, propuestos a mediados del año pasado por Javier Milei como jueces de la Corte Suprema de Justicia, y le asestó un duro golpe político al gobierno nacional y al asesor presidencial Santiago Caputo, artífice de la estrategia política de la administración libertaria para completar las vacantes en el máximo tribunal.
El pronunciamiento del Senado fue lapidario y se configuró con el voto de la mayor parte de los bloques kirchnerista, de la UCR y de Pro, quienes coincidieron en cuestionar la decisión del Gobierno de nombrar a ambos candidatos por decreto. El pliego de Lijo fue rechazado por 43 votos en contra y 27 a favor y la abstención del oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja). El de García-Mansilla, en tanto, concitó más oposición aún y terminó vetado por 51 senadores, y apoyado sólo por 20. Ambos necesitaban el respaldo de los dos tercios de los presentes para convertirse en jueces de la Corte. En el caso del catedrático, consiguió esa mayoría agravada, pero en contra de sus aspiraciones.
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La sesión también estableció un hecho sin precedentes, al menos desde la recuperación democrática. Es la primera vez, desde 1983, que el Senado rechaza en el recinto el acuerdo a un candidato, en este caso dos, propuesto por el Poder Ejecutivo para un cargo judicial que requiere mayoría agravada. La norma era, hasta ahora, el retiro de los pliegos ante la falta de consenso político para alcanzar su aprobación. Así lo hicieron las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández en sus intentos por nombrar jueces de la Corte y para la Procuración General de la Nación.
Ambos candidatos pagaron caro la obstinación del Gobierno, que se negó a buscar los consensos que exige la Constitución, y la estrategia diseñada por Caputo de forzar la letra constitucional y designarlos por decreto “en comisión” en el máximo tribunal para sortear la falta de votos en el Senado.
Así lo destacó la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quien acusó a Milei de haber apelado a la artimaña de esperar a que se produjera una semana de receso legislativo para usar el instrumento del decreto simple. “El Presidente fue por la banquina, faltaban tres días para iniciar el período ordinario de sesiones (cuando firmó el decreto), no respetó el espíritu de la letra Constitucional”, afirmó la legisladora.
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Tagliaferri también cargó las tintas en la persona de García-Mansilla, al recordar que cuando se presentó en la audiencia pública para defender su nominación dijo que no estaba dispuesto a aceptar ser juez por decreto. “Nos mintió en la cara”, acusó Tagliaferri.
“Una de dos: o tiene la capacidad de mentir tan livianamente o dijo la verdad, pero es una persona manipulable por el poder político; en ambos casos, no demuestra idoneidad para ser juez de la Corte Suprema”, remató la senadora de Pro. “Como Pedro, negó tres veces que iba a ser juez en comisión”, sumó su crítica Martín Lousteau (UCR-Capital) apelando a una cita bíblica.
El radical porteño rebatió el argumento del Gobierno de que había apelado al decreto ante la demora del Senado para tratar los pliegos. “¿Si el problema es la inacción del Senado por qué hoy estuvieron tratando de que no hubiera quórum?”, se preguntó de manera retórica Lousteau, antes de advertir que si el Senado convalida la jugada de la Casa Rosada “ya no habrá jueces sino empleados del Poder Ejecutivo”.
Hasta el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), dispuesto siempre a colaborar con el oficialismo, rechazó las acusaciones del Gobierno sobre la inacción de la Cámara alta. En el cierre de la sesión, recordó los esfuerzos realizados por su bancada para que se pudiera destrabar el tratamiento de ambas postulaciones abriendo canales de diálogo con la Casa Rosada. “¿Cuál fue la respuesta a esto? La designación por decreto de los dos jueces de la Corte. Parece más una actitud de querer demostrar que puedo interpretar la Constitución a mi modo y seguir adelante”, se quejó, amargamente, el líder del bloque de la UCR.
“No pueden nombrar jueces por decreto. El señor Garcia-Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo”, denunció José Mayans (Formosa), líder del bloque de Unión por la Patria. “Si nosotros aceptamos esto, durante cuatro años van a nombrar a los que se le canten en la Corte, no hay más jueces de la República”, remató.
Así como atravesó todo el debate, la decisión de nombrar por decreto a Lijo y a García-Mansilla también dividió aguas al interior de casi todos los bloques. El caso más patente fue el del Frente Pro, cuyo jefe de bancada, Alfredo De Angeli (Entre Ríos), dijo que estaba dispuesto a votarlo “con las dos manos” al catedrático antes de que aceptara jurar en la Corte sin el acuerdo del Senado. “Pero ahora lo voy a votar en contra porque están violando la Constitución y tenemos que velar por la institucionalidad,”, agregó. Le salió al cruce su compañera de bloque, Beatriz Avila (Tucumán) recordándole cuál era el motivo de la sesión. “No estamos tratando el decreto del Poder Ejecutivo, sino que estamos discutiendo los pliegos de Lijo y de García-Mansilla”, afirmó.
Entre las pocas voces que se alzaron en el recinto a favor de los candidatos figuró la cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Pro), alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien apoyó a García-Mansilla porque “representa todo lo que necesitamos, porque es bueno, es valioso y defiende la vida que la Constitución sostiene desde la concepción hasta la muerte natural”, y como contrapartida rechazó a Lijo porque “no merece ni un gramo de confianza”.
¿Qué dijo Manuel García-Mansilla sobre su designación?
En la Justicia Federal de La Plata tramita una causa en la que se solicita que se declare la inconstitucionalidad de las designaciones en comisión de Lijo y García-Mansilla. En rigor, son 3 presentaciones que fueron unificadas en un expediente que tramita en el juzgado federal a cargo de Alejo Ramos Padilla.
En ese expediente, García-Mansilla presentó un escrito defendiendo su nombramiento. Allí, señaló: “Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución”. Y agregó que su remoción antes del 30 de noviembre sólo puede realizarse mediante juicio político.
Ramos Padilla había adelantado que esperaría a los resultados de la sesión del Senado para resolver. El 3 de abril, tras el rechazo de los pliegos, el magistrado dictó una cautelar para que García-Mansilla se abstenga de intervenir en “todas aquellas causas jurisdiccionales y actuaciones administrativas en trámite” ante la Corte “mientras actúe como juez ‘en comisión’ (…), bajo apercibimiento de las sanciones penales y/o pecuniarias que pudieren corresponder a quienes no cumplieran con este mandato judicial; todo ello por el plazo de 3 meses”.
¿Qué dijo Ariel Lijo sobre su nombramiento?
En el mismo expediente, Lijo, que no asumió en comisión, advirtió que carecía de interés respecto de la decisión en esa causa ya que “no asumí como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 99, incisos 4 y 19 de la Constitución Nacional; no voy a renunciar a mi cargo actual de Juez Federal y mi interés se centra en que el Honorable Senado de la Nación me otorgue el acuerdo correspondiente para el cual ya cuento con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos”.
En el fallo tras la votación, Ramos Padilla prohibió a la Corte tomarle juramento a Lijo.
¿Qué dicen los especialistas sobre lo que puede hacer el Senado?
Según Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Senado puede rechazar los pliegos en la sesión de hoy (como finalmente ocurrió) y luego, en otra votación y con mayoría simple, podría votar en contra de las designaciones en comisión realizadas por Milei.
“Un juez designado en comisión una vez rechazado el pliego debe tener la hidalguía suficiente para renunciar de forma inmediata al cargo por el bien de la Republica y de la plena vigencia de la Constitución argentina”, sostuvo el especialista en una nota de opinión publicada en Infobae.
En sentido contrario, el constitucionalista Ricardo Ramírez Calvo, de la Universidad de San Andrés, señaló: “La Constitución es clara: un nombramiento en comisión de un juez expira ‘al fin de la próxima Legislatura’”. Agregó que “no hay ninguna duda de que el juez en comisión goza de estabilidad durante todo el período legislativo, salvo que fuera removido por juicio político. Es llamativo que quienes protestan por el hecho de que las designaciones en comisión atentarían contra la independencia judicial, pretendan al mismo tiempo eliminar la inamovilidad que la Constitución le otorga al juez en comisión”.
Y concluyó: “En ningún caso la Corte indicó que el rechazo del acuerdo por parte del Senado implicara la terminación de un nombramiento en comisión. Por el contrario, fijó como doctrina que ese nombramiento en comisión podía terminarse solamente mediante juicio político o el acuerdo que el propio Senado diera de forma definitiva al juez nombrado temporalmente en comisión o a la persona que lo reemplazase también de forma definitiva”.
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