“Enganchados VIP de Neuquén”: CALF pide allanamientos por fraude eléctrico
El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación preliminar por el presunto hurto de energía eléctrica a la cooperativa CALF en tres barrios privados de la ciudad de Neuquén.
La investigación quedó a cargo de la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, dirigida por el fiscal Diego Azcárate, y bajo la supervisión del fiscal jefe Mauricio Zabala. Fue iniciada tras la denuncia presentada ayer por el apoderado legal de CALF.
De acuerdo a la información brindada por la cooperativa, personal propio detectó conexiones clandestinas a la red, así como la manipulación antirreglamentaria de instalaciones eléctricas y medidores, lo que habría permitido el consumo de energía sin su correspondiente registración ni facturación. Esto comprendería, según lo denunciado, un total de cinco lotes ubicados en los barrios privados “Rincón Club de Campo” (un lote), “La Zagala” (un lote) y “La Pelegrina” (tres lotes).
Primeras medidas:
El fiscal del caso dispuso como primera medida, y con el objetivo de verificar los hechos y determinar las eventuales responsables, que desde CALF se remita al MPF diversa documentación vinculada a la denuncia; además de pedir informes a una de las administraciones de los barrios privados sobre los titulares de los lotes, ya que en las dos restantes fueron identificados.
Sobre el pedido de allanamiento de las viviendas involucradas en los hechos, y que realizado por CALF en la denuncia, el MPF consideró innecesaria la medida en este momento de la investigación: “teniendo en cuenta los procedimientos llevados a cabo por personal de CALF (constataciones, actas labradas con presencia policial), y conforme lo coordinado con el fiscal jefe, no corresponde hacer lugar a lo solicitado”, indicó el fiscal del caso.
De forma provisoria, la investigación es por el supuesto delito de apoderamiento ilegítimo de energía eléctrica.
En el contexto de la denuncia, la cooperativa también requirió al MPF que permita su constitución como querellante en el caso, lo cual fue aceptado.
“Estas conductas tienen como finalidad inequívoca eludir el control de consumo y evitar el pago del servicio, generando un perjuicio económico directo a la cooperativa y afectando además la seguridad del sistema eléctrico”, plantearon desde la CALF en la denuncia.
La Cooperativa formalizó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal tras detectar conexiones clandestinas en los barrios cerrados más exclusivos. Se solicita la intervención de la justicia para inspeccionar el interior de las propiedades y determinar la responsabilidad de los propietarios por el delito de hurto de energía.
Lo que comenzó como un operativo de auditoría técnica en urbanizaciones cerradas escaló al plano judicial. La Cooperativa, a través de su apoderado legal, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Neuquén, solicitó que se investigue la sustracción ilegítima de energía eléctrica en propiedades de alto poder adquisitivo.
La presentación judicial no solo busca la sanción económica, sino que constituye a la Cooperativa como parte querellante en una causa que, prima facie, encuadra en los delitos de hurto y robo (Art. 162 y 164 del Código Penal).
Dada la complejidad de las maniobras detectadas, que incluyen conexiones subterráneas directas y bypasses que evitaban los medidores, CALF solicitó al Juez de Garantías órdenes de allanamiento y registro para cinco propiedades ubicadas en los sectores más costosos de la ciudad,
“No se trata de un error técnico, sino de una voluntad deliberada de eludir el pago del servicio mientras se mantienen consumos intensivos, como grandes sistemas de climatización y piscinas calefaccionadas”, señalaron desde el equipo jurídico de la Cooperativa.
Objetivos de la ofensiva judicial
La denuncia penal presentada busca cuatro puntos clave:
1. Cese de la impunidad: Asegurar que el aprovechamiento de la energía, considerada un “bien” según el Código Civil y Comercial, sea penado como cualquier otro robo de propiedad.
2. Individualización de responsables: Identificar a los ocupantes y propietarios que se beneficiaron del consumo irregular.
3. Verificación interna: Constatar los artefactos de alto consumo (bombas, calderas, sistemas de riego) que eran alimentados por la red clandestina.
4. Seguridad Pública: Documentar el riesgo de incendio y fallas críticas en la red que estas conexiones precarias generan para el resto de los vecinos del barrio.
Desde la conducción de CALF fueron tajantes: “La energía que unos pocos sustraen de forma clandestina en barrios cerrados la terminan pagando, los asociados que cumplen mes a mes con su factura. No vamos a permitir que la exclusividad de un barrio sea un escudo para la ilegalidad”.
La Cooperativa confirmó que continuará aportando pruebas, actas técnicas y registros fotográficos al Fiscal interviniente, mientras los operativos de “Disciplina de Mercado” se extienden a otras zonas de la ciudad para garantizar que no existan privilegios en el acceso y pago del servicio eléctrico.
About the Author
