Por decisión judicial, la capacitación deberá ser brindada a los alumnos, docentes, directivos y las familias de la comunidad educativa. Además, impartieron medidas de protección para la adolescente damnificada.
Luego de denunciaran que un compañero había difundido un video íntimo que involucraba a una adolescente de 17 años, la Justicia de Neuquén emitió una inédita resolución judicial que obliga a toda la comunidad educativa a capacitarse en el uso responsable de redes sociales. Así, los docentes, alumnos y padres de una escuela secundaria de Centenario deberán aprender sobre los tipos de violencia digital.
La medida fue dispuesta por la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia Adriana Luna, a cargo del Juzgado N° 6 de la I Circunscripción, tras la denuncia presentada por una estudiante de cuarto año. Según consta en el expediente, la joven acusó a un compañero de haber grabado y difundido contenido íntimo sin su consentimiento.
Ante esta situación, la magistrada argumentó que se trataba de una conducta tipificada como violencia digital, según lo establecido en la Ley Olimpia N° 27.736 y la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Por este motivo, resolvió implementar un Plan de Capacitación y Abordaje Integral sobre Violencia Digital y de Género, de aplicación “obligatoria e inmediata” en la institución
De acuerdo con la información publicada , el colegio deberá organizar talleres y jornadas de reflexión donde se aborde el uso responsable de redes sociales, la difusión no consentida de contenido íntimo, los vínculos saludables, la empatía y el consentimiento durante la adolescencia. Además, la participación será obligatoria para los estudiantes del curso involucrado, el cuerpo docente, los directivos y las familias.
El informe psicológico demostró las consecuencias que tuvo el hecho en la menor denunciante (Imagen Ilustrativa Infobae)
En línea con esto, la jueza Luna sostuvo que el objetivo es “fortalecer la corresponsabilidad en la prevención de estas conductas y evitar la reedición de hechos como los acontecidos”. De la misma manera, en la resolución judicial subrayó que la medida busca dar una respuesta integral que involucre a toda la comunidad escolar y no se limite al castigo individual.
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Previo a darse a conocer el fallo, la magistrada mantuvo audiencias individuales con los adolescentes involucrados en el caso. Asimismo, remarcó que la intervención judicial en procesos que involucran adolescentes debe regirse por los principios de interés superior del niño, oportunidad y eficacia, buscando acciones que protejan, eduquen y generen corresponsabilidad.
Por medio de un análisis del informe psicológico sobre el estado de la denunciante, determinó que el hecho generó en la menor de edad un cuadro depresivo, angustia y temor constante ante la posibilidad de exposición pública en el ámbito escolar.
A raíz de este diagnóstico, la jueza agregó una serie de medidas cautelares que incluyen la prohibición de intimidación, hostigamiento o perturbación por parte del acusado hacia la alumna denunciante.
Por último, el fallo indicó que la institución educativa tendrá un plazo de 30 días hábiles para fijar la primera jornada de capacitación, presentar un cronograma detallado de actividades y, al finalizar el proceso, elevar un informe sobre resultados, nivel de participación e impacto en la comunidad escolar. Las actividades estarán a cargo de profesionales en género, ciudadanía digital y psicología adolescente, con la intervención de equipos interdisciplinarios del Consejo Provincial de Educación.


