La TV Pública Nacional será rebautizada en busca de que suene «menos kirchnerista»
El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno le cambiará el nombre a la TV Pública Nacional. El objetivo es que suene «menos kirchnerista». «Me parece que mostrar un cambio en el nombre es simbólico», dijo el funcionario.
El Gobierno intervino los medios de comunicación públicos por primera vez en febrero de 2024, una medida que alcanza a Radio y Televisión Argentina S.A.U (RTA) y a Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. Ahora, la gestión de Javier Milei decidió prorrogar la medida hasta el 2027.
Adorni lamentó no poder privatizar la TV Pública porque los medios públicos en Argentina están protegidos por la Ley de Medios N° 26.522, que fue aprobada en 2009. En un principio, el jefe de Estado incluyó a la TV Pública, Radio Nacional y Télam como empresas del Estado en la lista de entidades «sujetas a privatización». Los medios públicos en Argentina están protegidos por la Ley de Medios N° 26.522, que establecen su función social y federal.
La ley vigente exige que, para cualquier cambio estructural profundo, como la venta de una de estas empresas estatales a un privado, se requiere el aval del Congreso, como una especie de «candado» legal.
Según explicó Adorni, la dificultad para concretar su deseo los obligó a aplicar una reestructuración profunda, que incluye la intervención y reducción de costos. Aplicaron un esquema de retiros voluntarios para reducir la plantilla al mínimo para el funcionamiento. También cerraron contenidos, como la eliminación de los noticieros del fin de semana y programas propios, para reemplazarlos por repeticiones o contenidos de bajo costo.
La situación actual de los empleados de la TV Pública atraviesa un proceso de profunda reestructuración bajo la intervención estatal, que ha sido prorrogada recientemente, debido a que el Gobierno nacional oficializó la continuidad de la intervención en Radio y Televisión Argentina (RTA), que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, según el Decreto 79/2026. Este proceso se extendió hasta el 1º de febrero de 2027.
Por otra parte, el plan de retiros voluntarios al que se refirió Adorni en la entrevista busca reducir la plantilla de los medios públicos en aproximadamente 500 puestos de trabajo, un 20% del total actual de 2.400 empleados, y que afecta a periodistas, productores y también personal administrativo, no sólo de la TV Pública, sino también de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Tal como lo dejó claro el jefe de Gabinete, esta gestión considera “excesiva” la dotación actual de trabajadores. En la TV Pública, particularmente, asciende a casi 1.300 empleados. Los trabajadores rechazan fuertemente la reforma laboral y advierten que podría causar un “daño irreversible” a los medios públicos.
Con respecto a los salarios, los gremios como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo, debido a que los sueldos estuvieron prácticamente congelados desde agosto de 2024, lo que ha llevado a muchos por debajo de la línea de pobreza.
Estos anuncios sobre achiques y cambios simbólicos en la estructura de medios públicos se da apenas tres días después del anuncio de la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, administrada por la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete, que tiene como misión «combatir la desinformación, brindar respuestas rápidas a versiones inexactas y ayudar a los ciudadanos a distinguir hechos de relatos», según el comunicado de lanzamiento.
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