Juicio YPF: demandantes piden a la Justicia de EE.UU. rastrear el oro de Argentina
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera solicitaron a la jueza Loretta Preska que obligue al Estado argentino a detallar el paradero de sus reservas. Acusan al país de ocultar bienes para evitar el pago de la deuda de US$ 16.100 millones.
El conflicto legal por la expropiación de YPF suma un nuevo capítulo de tensión. Los fondos de inversión que ganaron el juicio contra Argentina presentaron un pedido formal ante la Justicia de Nueva York para conocer el destino y manejo de las reservas de oro del Banco Central.
Los demandantes, que tienen al fondo Burford Capital como su principal financista, le pidieron por escrito a la jueza Loretta Preska que obligue al Estado a dar detalles precisos. La solicitud exige conocer la ubicación exacta, las cuentas y todos los movimientos realizados con el oro nacional.
La sospecha de los acreedores es que el Gobierno está ocultando activos para no cumplir con el pago de la sentencia, que tiene un valor de 16.100 millones de dólares.
En la presentación judicial, los demandantes señalaron que Argentina incumplió la orden de presentar un testigo calificado para informar sobre los bienes del país. Según su postura, el Ejecutivo envió a una persona «deliberadamente no preparada», lo que consideran una maniobra para no dar información real.
Debido a esto, les solicitaron a la Justicia que aplique sanciones que incluyen una declaración jurada sobre los detalles del oro, una audiencia probatoria con funcionarios relevantes y el pago de honorarios por la supuesta conducta obstructiva.
Para reforzar su pedido, los fondos mencionaron un antecedente local ocurrido en diciembre: un fallo judicial en Argentina le exigió al Banco Central dar detalles públicos sobre el oro tras un reclamo de la Asociación Bancaria.
Por otro lado, la Procuración del Tesoro informó que la República seguirá defendiéndose y presentará una respuesta formal el próximo lunes. Las autoridades argentinas rechazaron los pedidos de sanciones y aseguraron que el país ya cumplió con una entrega de correos electrónicos y chats de funcionarios con una magnitud «nunca vista» para estar a derecho.
Esta disputa es clave, ya que los demandantes buscan identificar bienes que puedan ser embargados o utilizados para garantizar el cobro de la millonaria deuda que el país mantiene por el caso YPF.
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