Juicio por planes sociales: con plata de los pobres habrían financiado punteros del MPN
Comenzó el juicio por la malversación de más de mil millones de pesos. El fiscal afirmó que se usaron fondos públicos para mantener punteros políticos. Hay 14 imputados y más de 200 testigos.
Este lunes se puso en marcha el juicio oral por una de las causas de corrupción más grandes que se hayan investigado en la provincia. Se trata de una megacausa que involucra a exfuncionarios, punteros políticos y operadores que, según la fiscalía, integraron una asociación ilícita para desviar fondos públicos.
La investigación surgió hace tres años y apuntó directamente al manejo de programas sociales en sectores vulnerables. Según se denunció, las partidas presupuestarias asignadas para contener la pobreza fueron redireccionadas con fines personales y políticos.
El caso no solo tiene impacto judicial: expone con crudeza una trama de vínculos entre recursos del Estado y estructuras partidarias. La acusación compromete a figuras con peso territorial y abre un debate incómodo en la política neuquina.
Maniobras dilatorias y demoras en el inicio del proceso
Aunque la audiencia estaba prevista para las 8:30, recién pasadas las 11 comenzó el alegato de apertura. Las demoras se debieron a múltiples planteos por parte de las defensas. Uno de los imputados, Fernando Cardozo Regidor, fue autorizado a participar por Zoom.
Alfredo Cury, también acusado y a la vez defensor, presentó un pedido de suspensión del juicio en su contra. Argumentó que aún persisten cuestiones sin resolver, entre ellas la recusación del juez Juan Guaita, quien finalmente integra el tribunal pero no lo preside.
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Además, el abogado Elio García llegó media hora más tarde de lo establecido, lo que obligó a postergar aún más el inicio. Este escenario mostró desde el arranque la complejidad del proceso, en el que se anticipan tensiones judiciales, políticas y mediáticas.
La acusación que incomoda al poder: fondos para punteros del MPN
El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, y el fiscal de caso Juan Manuel Narváez, fueron categóricos: el dinero desviado tenía un doble objetivo. Por un lado, el enriquecimiento personal de los involucrados. Por el otro, el financiamiento de punteros del Movimiento Popular Neuquino.
Durante el alegato inicial, Vignaroli describió a los imputados como un grupo de personas que se aprovechó de su acceso a los recursos estatales para manipular planes sociales. Según explicó, existió un acuerdo tácito o explícito para defraudar al Estado provincial.
Esa afirmación golpea de lleno al partido que gobernó Neuquén durante más de 60 años. No se trata solo de delitos económicos, sino de una práctica que habría servido para sostener la estructura clientelar en los barrios. El juicio podría poner en evidencia un mecanismo sistémico de uso de recursos públicos con fines partidarios.
Más de mil millones de pesos en juego y una lista de testigos interminable
El cálculo actualizado del perjuicio económico alcanza los $1.133.790.340,16. La cifra fue presentada por la fiscalía en la primera jornada del juicio. Representa una estafa de proporciones inéditas en la historia reciente de la provincia.
La causa incluye el uso fraudulento de tarjetas de débito, beneficiarios fantasma, extracción de dinero en efectivo y desvío sistemático de fondos. Los fiscales aseguran que podrán demostrar cómo se ejecutó la maniobra a través de pruebas documentales y testimoniales.
Para eso se citaron más de 200 testigos que irán desfilando durante los próximos meses. El proceso será largo, pero cada audiencia podría arrojar nuevas revelaciones sobre cómo se construyó y operó esta red de corrupción institucionalizada.
El rol de los cabecillas
Se detalló el rol que les atribuye a cada uno. Dijo que el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, cumplían un papel «fundamental: ellos definían el monto global del subsidio, recibían el formulario paralelo y lo aprobaban».
Por su parte Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización y Marcos Osuna, a cargo del departamento de Gestión de Programas, decidían a quiénes ponían en el listado de beneficiarios, dirigían las extracciones en ráfaga de los cajeros automáticos y recibían el dinero en efectivo.
Los cinco están acusados de ser jefes de la asociación ilícita, por lo que en caso de ser declarados culpables, recibirán una pena más alta.
Agregó Vignaroli que había reuniones en El Faraón, el restaurante de Soiza, donde los «extractores» les entregaban los billetes a los jefes, quienes luego los llevaban a la caja azul que estaba en el despacho del exdirector de Planes Sociales. Después pasaban por ahí los punteros a retirar sobres con dinero.
El resto de la pirámide
Luis María Gallo, Laura Reznik, exdirectores general de Finanzas y Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería, tenían acceso al expediente y podían darse cuenta de la maniobra, afirmó el fiscal.
De los reclutadores y extractores, la mayoría ya aceptó su responsabilidad y fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso. A juicio llegaron acusadas de ese rol Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emanuel Victoria Contreras. Las dos primeras compraron terrenos en barrios privados de Plottier.
Por último, Fernando Cardozo Regidor está acusado de prestar su nombre para abrir una cuenta en la que depositaban cheques, y el abogado Alfredo Cury era empleado del Estado y cobraba cheques destinados a desocupados.
Fuente: MejorInformado
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