En un trámite inesperado y veloz, el Senado sancionó el recorte de subsidios al gas
Se trata del proyecto que modifica la ley de zonas frías, que excluye a varios sectores del país del alcance de los subsidios por consumo y transporte; el peronismo se retiró del recint
LA NACION – Por Gustavo Ybarra
En un escenario inusual por la retirada masiva del recinto de los senadores que rechazaban la iniciativa, lo que acortó el debate de manera sensible, el Senado aprobó y sancionó el polémico proyecto que reforma la ley de zonas frías, iniciativa con la que el gobierno de Javier Milei pretende recortar subsidios al gas en amplios sectores del país con la mira puesta en sostener su política de equilibrio fiscal.
Qué cambia con la nueva ley de zona fría
Hasta ahora, el régimen combinaba un criterio principalmente geográfico: los usuarios de determinadas zonas con bajas temperaturas accedían a descuentos en la factura de gas por su ubicación. Con la reforma, ese esquema se reduce para las áreas ampliadas en 2021 y pasa a combinar dos condiciones: ubicación en zonas de severidad climática y vulnerabilidad socioeconómica del hogar.
El SEF fue creado por el Decreto 943/2025 para unificar los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y cubrir electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de GLP de 10 kilos para hogares vulnerables. El régimen excluye a los hogares cuyos integrantes registren ingresos netos superiores a tres Canastas Básicas Totales, aunque la Secretaría de Energía también puede considerar indicadores patrimoniales para presumir capacidad de pago.
En la práctica, perderán el descuento automático los usuarios de las zonas ampliadas que no califiquen para el SEF. En cambio, quienes estén dentro del régimen focalizado mantendrán una bonificación, aunque calculada sobre una base distinta.
Cómo se calculará el subsidio
Otro cambio clave está en la base de cálculo. El subsidio dejará de aplicarse sobre la tarifa total y pasará a computarse exclusivamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, sobre el valor del gas antes de transporte, distribución, tasas e impuestos.
Ese punto modifica el impacto final del beneficio incluso para usuarios que sigan incluidos en el régimen. La bonificación no desaparece para todos, pero pierde peso relativo dentro de la factura final porque deja afuera componentes que también forman parte del monto que pagan los hogares.
El argumento oficial es que el esquema anterior dejó de ser sustentable después de la ampliación territorial de 2021. En los fundamentos del Gobierno se plantea que el financiamiento del régimen ya no alcanzaba para cubrir el costo del subsidio y que eso obligaba a sumar aportes del Tesoro Nacional.
Qué pasará con las tarifas
Los mayores aumentos recaerán sobre usuarios de la zona ampliada que queden fuera del SEF. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea proyectó que un hogar de Bahía Blanca, con consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales, pasaría de pagar $19.945 a $39.890 si pierde el beneficio, una suba del 100%.
Para los usuarios que mantengan el subsidio por estar incluidos en el SEF, el incremento sería menor, aunque la factura también podría subir por el cambio en la base de cálculo. La diferencia estará en si el hogar conserva la asistencia focalizada o queda completamente fuera del esquema.
El trabajo de IERAL advirtió que la transición puede generar aumentos abruptos para algunos usuarios y recomendó incorporar gradualidad. También planteó que el diseño de subsidios debería contemplar severidad climática, vulnerabilidad socioeconómica y consumos razonables según zona y composición del hogar.
El mapa que queda después de la reforma
La Patagonia, Malargüe y la Puna mantendrán el régimen diferencial por sus condiciones climáticas extremas. En esos casos, la ley conserva el reconocimiento territorial histórico, aunque con el nuevo criterio de cálculo aplicado sobre el componente PIST.
La zona ampliada de 2021 queda en otra situación. Allí ya no alcanzará con vivir en una localidad incluida en el mapa de Zona Fría: los hogares deberán cumplir además con las condiciones socioeconómicas del SEF.
IERAL Fundación Mediterránea
El cambio afecta especialmente a ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias que habían sido incorporadas en la ampliación anterior. En esas localidades, el beneficio dejará de ser universal y pasará a depender del padrón de hogares vulnerables.
Según estimaciones oficiales brindadas ante las comisiones del Senado por le secretaria de Energía, María Carmen Tetamantti, con esta norma perderán el subsidio de manera automática más de 3,3 millones de hogares, siendo la provincia de Buenos aires el distrito más afectado.
Con el kirchnerismo fuera del recinto y luego de sortear una jugada para que la sesión fracasara por falta de quórum, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), decidió evitar futuros contratiempos y pidió que se votara el proyecto en general y en particular.
Apenas si había transcurrido poco más de una hora de debate en la que hablaron seis senadores cuando el tablero marcó una votación de 38 votos a favor y 8 en contra que convirtió en ley al proyecto, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el 19 de mayo último.
Como ocurrió en su paso por la Cámara de Diputados, la iniciativa dividió al recinto de manera transversal más allá de sus banderías políticas, reuniendo en el rechazo a peronistas disidentes, radicales y provinciales.
De hecho, a la mayoría que sancionó la ley aportaron senadores peronistas de provincias del norte, como Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy)y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza, alineados con los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo, respectivamente.
La moneda de cambio para obtener estos respaldos fue la promesa del jefe de Gabinete, Diego Santilli, de que esas provincias recibirán aportes de la Nación para subsidiar el mayor consumo de energía eléctrica como consecuencia de las altas temperaturas de los meses de verano.
El rechazo quedó circunscripto a los senadores provinciales de Santa cruz Natalia Gadano y José María Carambia y a seis senadores radicales: Mariana Juri y Rodolfo Suárez, de Mendoza, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, de Santa Fe, Daniel Kroneberger (La Pampa) y el bonaerense Maximiliano Abad.
La salida en masa del bloque justicialista no sólo acortó de manera sustancial el debate. reduciendo de manera sustancia los 29 senadores anotados inicialmente, sino que permitió el amplio resultado favorable de la votación, ya que el sector que conduce José Mayans (Formosa), no volvió al recinto.
Con la aceleración de los tiempos del debate apenas si se escucharon dos voces a favor del proyecto. La salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), que ofició de miembro informante, y la radical Edith Terenzi (Chubut). Ante la posibliidad de acortar la discusión, todos los senadores del oficialismo se bajaron de la lista de oradores.
“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país, que contemple no solo regiones bioclimáticas, sino también capacidades socioeconómicas, y que se subsidien volúmenes de gas o de energía que sean razonables”, dijo Royón, presidenta de la comisión de Minería.
En ese sentido, la senadora explicó que “hoy el subsidio es sobre los 3 componentes de la factura, sobre el costo del gas, sobre el transporte y sobre la distribución; lo que hace el proyecto es concentrar el subsidio solamente en la primera parte, en el costo del gas”.
“La situación económica va a determinar qué hogares requieren asistencia, y lo va a hacer por un volumen, por un consumo base que determina las necesidades indispensables de gas”, completó Royón.
Desde la otra vereda se quejó Gadano, quien afirmó que la ley implicará un aumento en las facturas de los usuarios de la región más austral país.
“Si le quitamos el subsidio al transporte y la distribución cómo no van a impactar ese porcentaje a la facturas si el gas hay que transportarlo hasta la Patagonia”, se quejó Gadano.
La radical Juri dijo que se encontraba ante un “día muy triste” porque “estamos agregando más injusticia” en l Argentina. “Estamos legislando sin ningún criterio técnico que permita justificar el concepto de zona fría”, agregó Juri, quien dijo que la iniciativa “afecta al 61% de los usuarios mendocinos”.
Por su parte, el bonaerense Abad dijo que acompañaba la ayuda a las provincias del norte por el mayor consumo eléctrico, pero también usar “el mismo principio para no excluir, para no dejar tirados, para no abandonar a muchos ciudadanos de distintos puntos del país donde hay temperaturas muy bajas”.
Al respecto, Abad dijo que en la provincia de Buenos Sires serán “94 municipios” los afectados con un total de 1,3 millón de hogares que “se van a quedar fuera de este beneficio y desprotegidos de un día para el otro”.
La ley sancionada esta tarde propone una redefinición del régimen de descuentos en las facturas de gas: en lugar de sostener una ayuda amplia basada principalmente en la ubicación geográfica, plantea concentrarla en las regiones de clima más riguroso y en los hogares de menores ingresos.
El esquema nació en 2002, con la Ley 25.565, para otorgar tarifas diferenciales a usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En 2021, la Ley 27.637 amplió el beneficio a localidades de otras provincias -entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy y La Rioja-, y llevó el universo alcanzado desde cerca de un millón hasta alrededor de cuatro millones de hogares.
La reforma busca volver al mapa original: conservarían la cobertura general los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que quedarían fuera las zonas incorporadas en 2021.
Otro punto central es la base sobre la que se calcula la bonificación, hoy situada entre el 30% y el 50%. El proyecto establece que el descuento se aplique únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), y no al total de la factura.
Así, los cargos de transporte, distribución y los impuestos quedarían fuera de la cobertura, un cambio que también elevaría el monto final para usuarios de las regiones históricas que continúen dentro del régimen.
En las localidades excluidas del beneficio geográfico, la asistencia quedaría reservada a hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica.
El financiamiento seguiría apoyado en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, nutrido por un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios del sistema.
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