El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y revocó la prisión domiciliaria del empresario condenado por un jurado popular por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La resolución dejó sin efecto una medida previa del Tribunal de Impugnación y ratificó la prisión preventiva dictada originalmente.
El operativo se concretó este jueves por la tarde, encabezado por el fiscal del caso Manuel Islas junto a efectivos de la Policía del Neuquén. El condenado fue retirado de la vivienda donde cumplía el beneficio y trasladado directamente a una unidad policial de la capital neuquina.
Actualmente, J. R. permanece alojado en una comisaría bajo prisión preventiva efectiva. La decisión fue respaldada por la Sala Penal del TSJ, integrada por los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari, tras el planteo del fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal Islas y el abogado querellante Carlos Caroselli.
El recorrido judicial
La situación procesal de J. R. cambió tras el recurso de impugnación extraordinaria presentado por la fiscalía. Un jurado popular ya lo había declarado culpable de delitos contra la integridad sexual y corrupción de menores, lo que derivó en la prisión preventiva dictada por un juez de garantías y confirmada por un Tribunal Revisor.
Posteriormente, un Tribunal de Impugnación le concedió la prisión domiciliaria. Frente a esto, los fiscales Vignaroli e Islas, junto con Caroselli, solicitaron la revisión urgente ante la Sala Penal del TSJ, argumentando que persistían los riesgos procesales.
La decisión del TSJ
El pronunciamiento de los vocales Elosu Larumbe y Gennari restituyó el criterio de las primeras instancias. El tribunal valoró la gravedad de los delitos, la condena impuesta por un jurado popular y la necesidad de garantizar el proceso judicial.
“La resolución dejó sin efecto la morigeración de la pena ambulatoria y ordenó el alojamiento inmediato en sede policial”, señala el fallo.
Lo que viene
Tras el traslado ejecutado por la Policía provincial, se espera que el condenado permanezca en la unidad policial asignada mientras se tramitan las instancias finales de revisión de la condena. La defensa aún cuenta con plazos recursivos ante organismos superiores, aunque la medida cautelar de prisión preventiva seguirá vigente de manera efectiva.
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Por Nicolás Alvarez – Redactor y Editor en Mejor Informado.

