La Cámara de Apelaciones 1 consideró acreditado que la vivienda fue adquirida durante la convivencia y que la mujer había realizado mejoras en el inmueble. También señaló que el conflicto debía analizarse con perspectiva de género.
La Cámara de Apelaciones 1 confirmó un fallo de primera instancia y rechazó un pedido que realizó un hombre para desalojar a su ex pareja de una vivienda en Plottier. El demandante afirmó que era propietario del inmueble y que ella debía restituirlo. Sin embargo, los integrantes de la Sala I, Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli, sostuvieron que existen elementos que impiden considerar a la mujer como una simple ocupante sin derecho alguno sobre la casa.
Los camaristas subrayaron que la pareja había convivido en esa vivienda y que fue adquirida durante esa relación. Además, la mujer vivió allí durante años, realizó mejoras y existen antecedentes judiciales de violencia dentro del vínculo.
El hombre había iniciado el juicio de desalojo con el argumento de que compró la vivienda y que su expareja continuaba ocupándola sin un título que justificara su permanencia.
Por su parte, la mujer relató que comenzaron a convivir en 2007 y que durante esa relación compraron la casa. También afirmó que durante años sufrió violencia física, psicológica y económica. La separación se produjo después de un episodio de violencia ocurrido en 2012.
En primera instancia, la jueza María Guadalupe Losada rechazó el desalojo. Entendió que había suficientes indicios para considerar la posición de la mujer como poseedora y que esa discusión no podía resolverse dentro de un proceso pensado únicamente para recuperar una propiedad frente a alguien obligado a devolverla.
“Toda controversia judicial donde se advierta una situación de violencia o vulneración de derechos por razones de género hace necesario que la misma sea tenida en cuenta a fin de visibilizarla y eliminar o morigerar las consecuencias que las mismas producen”, señaló.
La convivencia
Uno de los puntos discutidos fue la relación que habían mantenido. El hombre negó que haya existido convivencia. Sin embargo, la prueba incorporada al expediente acreditó lo contrario.
Durante varios años, ella figuró ante el Instituto de Seguridad Social del Neuquén como su concubina. También apareció registrada como titular del suministro eléctrico de la vivienda y, cuando nació una de las hijas de la pareja, ambos declararon ese domicilio.
Para la Cámara, esas pruebas mostraban que hubo una convivencia y que la compra de la casa ocurrió mientras la relación estaba vigente.
También se tuvieron en cuenta los trabajos realizados en el inmueble. Testigos hablaron de ampliaciones, modificaciones de paredes, arreglos en la instalación eléctrica y la colocación de cámaras de seguridad. No se trataba, entonces, de alguien que simplemente permanecía en una propiedad ajena sin más explicación.
Un conflicto atravesado por violencia
Pamphile sostuvo que el caso “se encuentra atravesado y debe ser analizado con perspectiva de género”. También remarcó que no podía ignorarse el contexto de violencia que había existido en la relación.
Había actuaciones judiciales previas vinculadas con denuncias realizadas por la mujer. En una de ellas se habían dictado medidas cautelares contra su expareja. En 2012, luego de uno de los episodios de violencia, se ordenó al hombre no ingresar a la vivienda. Años más tarde continuaron tramitando actuaciones por violencia familiar, con medidas que llegaron a estar vigentes hasta 2024.

