Causa Vialidad: la Justicia intimó a Cristina Kirchner y advirtió que puede revocar su domiciliaria
El Tribunal Oral Federal 2 cuestionó su participación en la instalación de una bandera en San José 1111. Un nuevo incumplimiento puede derivar en la pérdida del beneficio.
El Tribunal Oral Federal 2 intimó a Cristina Kirchner a respetar las condiciones de su prisión domiciliaria y le advirtió que nuevos incumplimientos podrían derivar en la revocación del beneficio.
La decisión del juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu surgió tras el despliegue de una bandera argentina de grandes dimensiones que unió, mediante cables tensores, un edificio ubicado frente a San José 1111 con el balcón del departamento donde la ex presidenta cumple su condena por la causa Vialidad.
La participación de Cristina Kirchner en el banderazo
Según la resolución judicial, Fernández de Kirchner colaboró en la colocación de la estructura al permitir que su balcón fuera utilizado como punto de anclaje y ayudar a sujetar los cables.
El tribunal recordó que una de las condiciones del arresto es no realizar acciones que perturben la tranquilidad del vecindario o alteren la convivencia pacífica de los habitantes de la zona.
Por este motivo, el magistrado le ordenó abstenerse de realizar conductas que impliquen un nuevo incumplimiento de las reglas impuestas en su detención domiciliaria. La intimación quedó bajo apercibimiento de aplicar las medidas previstas por la ley.
La resolución cita el artículo 34 de la Ley 24.660, que habilita al juez de ejecución a revocar la prisión domiciliaria frente a incumplimientos injustificados de las obligaciones impuestas.
El riesgo que señaló la Justicia por la estructura
El juez sostuvo que la bandera generó un riesgo para la seguridad porque los cables atravesaban la calzada y el espacio aéreo entre dos edificios enfrentados.
La resolución señala que esa instalación pudo haber expuesto a Cristina Kirchner y a los transeúntes a un peligro innecesario en caso de un accidente.
Además, el TOF 2 indicó que este tipo de intervenciones en la vía pública requiere autorización administrativa y que, si no contó con el permiso correspondiente, podría configurar una contravención.
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