Por cuarta vez el Senado frenó la Ley de Tierras
El Senado postergó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo capítulo más controvertido buscaba habilitar la venta de tierras a extranjeros.
El Presidente criticó la decisión: «Aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son los enemigos del progreso»
Por cuarta vez, el Gobierno no consiguió reunir los apoyos necesarios para avanzar en el Senado con la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que además de endurecer los criterios sobre desalojos y expropiaciones introducía cambios de fondo en las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego. Tras el revés legislativo, el presidente Javier Milei cargó contra quienes se oponen a la iniciativa y aseguró que «son enemigos del progreso».
Aunque el oficialismo logró mantener abierto el expediente para intentar retomar la discusión en una nueva sesión prevista para el 6 de agosto, en la Casa Rosada prevaleció la lógica del control de daños ante un nuevo revés parlamentario sobre uno de los proyectos que el presidente Javier Milei considera centrales para su programa económico.
La polémica reforma de la Ley de Tierras
El punto que concentró la mayor resistencia fue la reforma de la Ley de Tierras, vigente desde 2011, que actualmente establece límites a la titularidad extranjera sobre campos y propiedades rurales consideradas estratégicas. La normativa fija un techo del 15% para la participación extranjera a nivel nacional, provincial y municipal y, además, impone restricciones por nacionalidad para evitar concentraciones de propietarios de un mismo país.
La propuesta impulsada por La Libertad Avanza buscaba reemplazar ese esquema por un sistema basado en autorizaciones administrativas y avales provinciales, eliminando los topes porcentuales actualmente vigentes para las adquisiciones privadas. Al mismo tiempo, mantenía la prohibición para que Estados extranjeros compren tierras rurales argentinas y extendía esa restricción a compañías con participación estatal extranjera, salvo autorización expresa tanto del Gobierno nacional como de la provincia involucrada.
En las negociaciones previas al debate, el oficialismo introdujo modificaciones para intentar sumar respaldos. Entre ellas, eliminó la figura del «silencio administrativo positivo», un mecanismo que habilitaba la aprobación automática de una operación inmobiliaria si las autoridades no respondían dentro de un plazo determinado.
La sesión comenzó después del mediodía tras intensas conversaciones del oficialismo con sectores dialoguistas y representantes provinciales, en un contexto marcado por las dudas respecto del quórum y los votos necesarios para avanzar hacia Diputados. Las ausencias de legisladores aliados y las diferencias internas dentro del propio oficialismo terminaron por frustrar nuevamente el tratamiento del proyecto.
La reacción de Milei al revés en el Senado
Horas más tarde, durante su participación en el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei salió a defender la iniciativa y vinculó la protección de la propiedad privada con la posibilidad de atraer inversiones y recuperar el crecimiento económico.
«Si se vulnera el derecho de propiedad desaparecen los incentivos para ahorrar e invertir», sostuvo el Presidente, quien además cuestionó a las administraciones anteriores por, según dijo, haber afectado históricamente ese principio mientras intentaban financiar el desarrollo económico.
El mandatario insistió en que la ley es «fundamental» para que la Argentina recupere condiciones de estabilidad y crecimiento y elevó el tono contra quienes rechazan el proyecto.
En la misma línea, responsabilizó a esos sectores por la decadencia económica del país y sostuvo que el debate parlamentario excede una discusión legislativa puntual y forma parte de las condiciones necesarias para que la Argentina pueda volver a acceder al grado de inversión de las calificadoras internacionales.
Milei también vinculó la discusión con el desarrollo de sectores estratégicos como la minería y la energía y aseguró que el país desaprovechó durante décadas su potencial productivo por la falta de garantías para los inversores. «Tenemos el 70% de la cordillera. Algo habremos hecho mal», afirmó, antes de volver a cargar contra quienes, a su juicio, obstaculizan la defensa de la propiedad privada.
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