El proyecto de ley para crear un sistema provincial de denuncias de corrupción, con garantía de confidencialidad y acceso gratuito, fue presentado en la Legislatura de Neuquén por Alfredo Cury y Juan Cardozo.
Se presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Neuquén, para crear, en el ámbito provincial, un sistema de denuncias de corrupción que garantice la confidencialidad de la información suministrada y la identidad del denunciante. La iniciativa, impulsada por Alfredo Cury y Juan Cardozo, establece que las denuncias podrán realizarse a través de una línea telefónica gratuita 0800, un correo electrónico oficial, formularios disponibles en una página web oficial o mediante una aplicación móvil.
En cuanto a la línea de recepción de denuncias, se prevé que pueda ser utilizada desde cualquier punto de la provincia y que funcione las 24 horas. Durante el día, la atención será personalizada, mientras que en horario nocturno se utilizará un sistema automatizado de grabación para recibir datos e información.
La normativa también contempla la posibilidad de entregar la información personalmente en lugares habilitados por la autoridad de aplicación, así como mediante correo postal.
Respecto al contenido de las denuncias, estas deberán encuadrarse en las disposiciones del Título XI del Libro Segundo del Código Penal, que abarca delitos como cohecho, malversación, negociaciones incompatibles, exacciones, enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública, prevaricato y encubrimiento agravado, entre otros. Además, se incorpora la posibilidad de denunciar irregularidades en contrataciones públicas, ejecución de obras, prestación de servicios, administración de programas sociales y subsidios, así como incompatibilidades y violaciones a la ética pública.
La autoridad de aplicación contará con un plazo de 72 horas para analizar la prueba y determinar su admisibilidad. En caso de considerarla procedente, deberá derivarla al Ministerio Público Fiscal, a la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas o a los municipios correspondientes para continuar el trámite legal.
En sus fundamentos, el proyecto señala que uno de los principales obstáculos para la detección temprana de hechos de corrupción es la falta de canales institucionales seguros, accesibles y confiables que permitan a los ciudadanos y agentes públicos denunciar sin temor a represalias.


