El Gobierno fijó un nuevo plazo para privatizar cuatro represas hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro
Tras un pedido de Neuquén y Río Negro, el Ejecutivo extendió por 15 días el llamado a concurso para vender acciones mayoritarias en centrales estratégicas.
- El Gobierno oficializó este jueves una nueva prórroga de 15 días para iniciar el concurso público nacional e internacional que pondrá en venta el paquete accionario mayoritario de cuatro represas hidroeléctricas clave: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
La medida fue dispuesta a través del Decreto 263/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de funcionarios del gabinete económico. El Ejecutivo responde así a un pedido conjunto de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y Río Negro, Alberto Weretilneck, quienes solicitaron más tiempo para que los equipos técnicos provinciales puedan analizar el proceso de privatización y formular observaciones.
Las represas, en el centro del nuevo esquema de privatizaciones
Las cuatro represas involucradas en este proceso fueron transferidas a nuevas sociedades creadas por ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) mediante el Decreto 718/2024, que establecía un plazo inicial de 180 días para convocar el concurso de privatización. Luego, el Decreto 895/2024 modificó ese cronograma e incorporó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como ente coordinador del proceso, en conjunto con la Secretaría de Energía.
Con la prórroga ahora oficializada, el Gobierno ratifica su intención de avanzar con la venta de activos estratégicos, aunque busca dar espacio a la participación de las provincias involucradas y de los organismos interjurisdiccionales que gestionan los recursos hídricos del sistema energético nacional.
“Corresponde fijar un plazo de quince días, contados a partir de la publicación del presente, con el fin de que las mencionadas provincias y todos los organismos interjurisdiccionales involucrados tomen la debida participación en el proceso”, señala el texto oficial.
Un proceso con fuerte impacto regional
Las represas se ubican en la región de la cuenca del Comahue, uno de los polos hidroeléctricos más relevantes del país. El proceso de privatización genera tensión entre el Gobierno nacional y las provincias patagónicas, que buscan asegurar injerencia en la gestión futura de los recursos hídricos y energéticos.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de establecer las condiciones de la licitación, aprobar los pliegos y garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados por el plan de desestatización.
Contexto político y económico
La venta de las represas se inscribe en el marco del plan de reforma del Estado impulsado por el presidente Milei, que apunta a reducir el déficit fiscal y desprenderse de empresas públicas consideradas innecesarias o ineficientes. La decisión de abrir el juego a inversores privados —tanto nacionales como internacionales— forma parte de una estrategia más amplia de desregulación económica.
Se espera que en las próximas semanas se definan los criterios de adjudicación, los mecanismos de participación provincial y los compromisos de inversión que deberán asumir los futuros accionistas mayoritarios.
Las represas en cuestión
Las centrales hidroeléctricas involucradas fueron gestionadas hasta ahora por empresas creadas por ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) bajo el Decreto 718/2024. Ese marco legal habilitaba la venta del paquete accionario dentro de los 180 días, aunque luego fue modificado por el Decreto 895/2024, que incorporó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para coordinar el proceso junto a la Secretaría de Energía.
¿Qué busca el Gobierno con esta privatización?
La intención del Ejecutivo es avanzar con la privatización del paquete mayoritario de acciones de estas centrales, en línea con su plan de desestatización de empresas públicas.
Sin embargo, las provincias patagónicas exigen que se garantice su participación en la toma de decisiones y que se resguarden los intereses regionales en el manejo de recursos estratégicos como la energía.
¿Quién lidera el proceso?
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la unidad ejecutora de la licitación. Tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de los pliegos de bases y condiciones, junto a la Secretaría de Energía.
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