El viceministro de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, anunció que el proceso de licitación para las represas hidroeléctricas del Comahue está cerca de finalizar.
En el marco del evento Vaca Muerta Insights 2025, el funcionario destacó que “estamos muy cerca de terminar con la licitación” y que, en breve, se conocerán los detalles del plan de licitación que impulsará el gobierno nacional.
Avances y consultas con las provincias
González mencionó que, una vez listos los pliegos, se abrirá una consulta a las provincias de Neuquén y Río Negro para definir los detalles finales sobre el canon y la administración del recurso hídrico, un aspecto clave que se viene reclamando desde que comenzaron a vencer las concesiones en 2023 y 2024.
Las hidroeléctricas que entran en el proceso de licitación son:
Cerros Colorados, sobre el río Neuquén
- Alicurá, sobre el río Limay
- Piedra del Águila, sobre el río Limay
- El Chocón y su compensador Arroyito, sobre el río Limay
Pichi Picún Leufú, que también forma parte del sistema energético del Comahue, quedó fuera de la licitación porque su concesión vence en los próximos años.
El viceministro aclaró que la privatización se realizará de manera gradual, dada la importancia de no alterar el equilibrio del sistema energético nacional. “Queremos que el mercado lo sienta como un paso consistente, pero que no desajuste el tablero de ajedrez”, señaló González, minimizando las expectativas de plazos apresurados.
Los pliegos para la licitación de estas centrales están prácticamente finalizados. Así lo indicó el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, quien también precisó que resta aún la instancia de diálogo con las provincias de Neuquén y Río Negro, para explicarles el modelo de negocios que se proyecta implementar.
El funcionario expresó que la participación de ambas provincias será clave, ya que desde el vencimiento de las concesiones ambas jurisdicciones han planteado la necesidad de ser incluidas en el nuevo esquema. Este pedido provincial tiene antecedentes en acuerdos previos alcanzados durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, cuando se había avanzado en la posibilidad de que las provincias tengan un rol activo en la administración de los recursos.
Durante su participación en el evento Vaca Muerta Insights, realizado en la ciudad de Neuquén, González descartó la opción de limitar la participación privada únicamente a tareas de operación y mantenimiento. En ese sentido, confirmó que el esquema que se adoptará será el de concesión, similar al vigente durante los últimos 30 años. Además, sostuvo que el objetivo es alinear este proceso con la normalización del mercado eléctrico mayorista, permitiendo que, de manera progresiva, los contratos se celebren libremente entre partes.
No obstante, González aclaró que el proceso será llevado adelante de forma gradual y con cautela, debido a las limitaciones de potencia existentes en el sistema. “No queremos hacer un lío grande, ya que no nos sobra potencia”, señaló el funcionario ante los empresarios y autoridades presentes en el encuentro.
Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es la rentabilidad que podrán obtener los futuros concesionarios. Actualmente, la remuneración por la generación de energía en las centrales del Comahue ronda los 15 dólares por megavatio, uno de los valores más bajos del sistema eléctrico nacional. Para que resulte atractiva para los operadores privados, ese valor debería ser incrementado, lo que podría impactar en el costo global del sistema, conocido como precio monómico.
Consultado sobre este punto, González relativizó la posibilidad de que los nuevos concesionarios vendan la energía en el mercado mediante contratos a largo plazo. Explicó que, más allá de esa posibilidad, la intención principal es enviar una señal al mercado en el marco de la política energética que impulsa el Gobierno.
Antes de la publicación oficial de los pliegos, las autoridades nacionales mantendrán reuniones formales con los gobiernos de Neuquén y Río Negro para buscar consensos que permitan avanzar con la licitación sin conflictos jurisdiccionales.


