Sesiones extraordinarias: tras el traspié de los gobernadores, la Mesa Política avanza sin cambios en la reforma laboral
La cúpula libertaria ajustó la estrategia parlamentaria en Casa Rosada y concentró la negociación en el capítulo impositivo, mientras mide los votos para el debate en el Senado.
El núcleo de mayor peso político del Gobierno se reunió este mediodía en Casa Rosada para ordenar la estrategia legislativa de las reformas que atraviesan las sesiones extraordinarias del Congreso. El foco estuvo puesto en el proyecto de Modernización Laboral, cuyo tratamiento en el Senado quedó previsto para el miércoles 11 de febrero, sin modificaciones sustantivas pese a la presión de los gobernadores.
El encuentro se realizó en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, por el impacto fiscal de los temas en discusión.
El trasfondo del traspié provincial
La cita política se dio luego de la suspensión de la reunión de gobernadores prevista en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que buscaba fijar una postura común para reclamar cambios en la iniciativa oficial. En el oficialismo leyeron la cancelación como una señal de los mandatarios dialoguistas para acercar posiciones en el tramo final de las conversaciones con la Casa Rosada.
En Balcarce 50 atribuyeron la desarticulación del cónclave a la «gestión directa» de Santilli, que intensificó contactos con mandatarios en los últimos días. En ese marco, se sucedieron reuniones con Sergio Ziliotto (La Pampa), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio «Nacho» Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y con los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.
Ganancias, el punto de máxima tensión
El principal foco de conflicto sigue concentrado en el artículo que reduce el impuesto a las Ganancias para sociedades. En el Gobierno sostienen que la baja del tributo incentivará la formalización y, con ella, una mayor recaudación. Los gobernadores rechazan votar sobre proyecciones y advierten que una merma inicial impactará en la coparticipación y en las cuentas provinciales.
Dentro del oficialismo conviven dos posturas: mantener el texto sin cambios o ceder con un esquema gradual, ya sea escalonando la aplicación o atando la baja a variables de crecimiento. Por ahora, prevalece la línea dura. «La postura que está ganando es no modificar nada. O se aprueba así como está, o no sale», afirmó un integrante de la mesa política. Otro dirigente del oficialismo reforzó esa mirada con una crítica a los mandatarios provinciales: «Los gobernadores protestan porque no saben cómo están las cuentas fiscales«.
En paralelo, fuentes oficiales admiten que la discusión sobre Ganancias también cumple un rol táctico: concentrar la atención en ese capítulo para preservar sin cambios la mayor parte de las reformas técnicas que impulsa la Casa Rosada. «0,15 por ciento del PIB se puede compensar de alguna u otra manera», deslizó una fuente gubernamental en estricta reserva.
Votos, estrategia y calendario
En el Ejecutivo dan por asegurada la votación en general. «Es un hecho, con los bloques dialoguistas tenemos el apoyo», señalaron fuentes parlamentarias. El interrogante se traslada al tratamiento capítulo por capítulo, donde el artículo de Ganancias asoma como el principal escollo.
Bullrich confirmó que el oficialismo convocará a sesión la semana próxima y reiteró que la negociación está «95% cerrada«, aunque reconoció puntos pendientes «que tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores y los ministros de Economía e Interior«.
La letra chica que sigue en discusión
Además de Ganancias, la mesa política evaluó el margen para avanzar con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que prevé destinar el 3% del salario. En el Gobierno analizan una diferenciación de ese porcentaje según el tamaño de las empresas. También aparecieron estatutos que la Casa Rosada busca derogar, como el del Periodista, que encuentran resistencias en bloques opositores.
En el oficialismo insisten en que la ley avanzará. Para el Presidente, la aprobación funcionará como señal de capacidad política para impulsar reformas estructurales. La definición final, admiten en la mesa chica, quedará en manos de Caputo, con aval directo de Javier Milei, cuando llegue el momento de decidir si se habilita una alternativa o se fuerza el voto sobre el capítulo más sensible.
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