El Garrahan va a Olivos: APyT exige a Milei aplicar la ley y evalúa pedir juicio político
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan anunció una caravana y ruidazo a la Quinta de Olivos el sábado 18 de octubre para reclamar la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente ratificada por el Congreso. También definieron un Cabildo Abierto para el lunes 13 y un paro de 24 horas el martes 21, en el marco de un conflicto que atraviesa al principal hospital pediátrico de América Latina.
El 2 de octubre, el Senado rechazó los vetos presidenciales y ratificó por amplia mayoría las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. La norma pediátrica fue respaldada por 59 votos contra 7. Con esa insistencia, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarla y ponerla en marcha.
El Gobierno de Javier Milei había justificado el veto por razones fiscales, advirtiendo que la ley implicaba un gasto no previsto. Tras la derrota parlamentaria, la Casa Rosada quedó en la obligación de reglamentar y aplicar la medida, aunque desde APyT denuncian que podría repetirse el caso de la Ley de Discapacidad, promulgada pero sin ejecución plena.
La doctora Rita Fernández, pediatra y coordinadora de Orientación Médica del Garrahan, advirtió: “Estamos esperando que la ley se efectivice lo antes posible. El gobierno tiene un plazo de diez días hábiles para aplicarla en forma clara. Lo más afectado hoy es el recurso humano: hay personal que cobra por debajo de la línea de pobreza y unos 250 profesionales dejaron el hospital en busca de mejores condiciones en el sector privado. Eso desmantela equipos interdisciplinarios y dificulta la atención de alta complejidad”.
Fernández detalló que, además de la fuga de especialistas, hay médicos con pluriempleo, reducción horaria o licencias sin goce de sueldo que no fueron reemplazados. “Esto implica que el hospital tenga dificultades para sostener la atención de alta complejidad de los pacientes”, subrayó.
La agenda de medidas incluye un Cabildo Abierto el 13 de octubre, la caravana a Olivos el 18 y un paro de 24 horas el 21, con la consigna de que los recursos propios del hospital se destinen a recomponer salarios.
La secretaria general, Norma Lezana, apuntó a la falta de respaldo de la central obrera: “¿Hasta cuándo la CGT va a dejar solos a los trabajadores y familiares del Garrahan? ¿Qué más necesita la cúpula para llamar a un paro en apoyo a la salud y la educación pública?”.
En la misma línea, la doctora Rita Fernández consideró que la conducción sindical “no acompaña los reclamos legítimos de los trabajadores” y advirtió que, si la ley no se efectiviza, podría surgir un paro general autoconvocado con otros sectores en conflicto.
Ante la posibilidad de que el Ejecutivo reglamente pero no aplique la norma, los gremialistas adelantaron que evalúan impulsar un pedido de juicio político a Milei y a sus ministros. “Si el presidente incumple la ley, incurre en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por eso creemos que corresponde discutirlo en el Congreso”, planteó Fernández.
La pediatra remarcó además que se sienten respaldados por la comunidad hospitalaria y por la sociedad: “Nos sentimos muy acompañados por las familias, los pacientes y la opinión pública. Ese apoyo nos da la fuerza para seguir adelante en esta lucha”.
Un hospital emblema bajo presión
El Garrahan, referente regional en pediatría y centro de derivación de todo el país, se transformó en un símbolo de la tensión entre el ajuste fiscal y los consensos sociales en torno a la salud y la infancia. Mientras el Congreso consolidó mayorías para ratificar la ley, el Ejecutivo resiste su aplicación. En ese escenario, los profesionales advierten que la falta de respuesta puede derivar en un conflicto sanitario y político de alcance nacional.
El reclamo del Hospital Garrahan se inscribe en un momento crítico para la Casa Rosada, que encara las elecciones de octubre golpeada por múltiples frentes. A la fragilidad parlamentaria y la sucesión de derrotas legislativas -como en los casos de la Emergencia Pediátrica y la universidad- se suman los escándalos por corrupción y financiamiento político, como la renuncia de José Luis Espert tras las denuncias por aportes irregulares de un empresario ligado al narcotráfico y la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Estos episodios, sumados al desgaste económico y social del ajuste, configuran un escenario donde cada protesta sectorial adquiere un peso político mayor y amenaza con erosionar todavía más la legitimidad del oficialismo en plena campaña.
GD/MU
About the Author
